El recurso de casación deja también margen suficiente al Ayuntamiento de Boadilla del Monte para trabajar en la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Un trámite que podría tardar entre año y medio o dos años, debido a todos los pasos y plazos legales que la gestión de este tipo de planes suele conllevar: redacción del plan, aprobación inicial en el pleno, apertura del plazo de exposición pública y presentación de enmiendas, vuelta del documento al pleno... hasta su visto bueno final por parte de la Comunidad de Madrid.
En realidad, este nuevo plan en el que ya se trabaja será, según fuentes municipales, prácticamente igual que el aprobado en 2015, salvo algún pequeño retoque. Entre ellos, la subsanación de los motivos por los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el plan en una sentencia del pasado mes de mayo. El TSJM echó para atrás el PGOU de Boadilla por no haber contado con el preceptivo informe de impacto de género durante su tramitación. Es decir, porque no se había contemplado la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo del documento.
Aunque la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento defendieron su postura, pues a su juicio de ambas instituciones sólo es obligatorio ese informe si se estuviera tramitando un reglamento (el PGOU tiene la consideración de disposición general), el TSJM no lo entendió así. En su sentencia señalaba que, según la Ley 30/2003, hay que incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
En la práctica
A pesar de la sentencia del TSJM, el plan actual sigue en vigor en tanto en cuento no existan más posibilidades de recurso y haya sentencia firme. Es decir, hasta que se pronuncie finalmente el Supremo. Esto puede tardar al menos un año o más.
El consistorio ha decidido no esperar a la solución del recurso de casación y preparar ya un nuevo plan para que, en el peor de los casos, tener ya lista una alternativa y dar seguridad jurídica al urbanismo boadillense.