El conflicto comenzó en 2015 con la apertura del Polideportivo Felipe VI, que ofrecía precios subvencionados, generando un desequilibrio económico para el centro deportivo Republic Space. Pese a que la concesionaria propuso resolver el contrato mediante la devolución de una fianza de 72.000 euros, el Ayuntamiento rechazó la oferta, obligando a la empresa a recurrir a los tribunales. La sentencia de 2018 reconoció el derecho de Republic Space a un reequilibrio financiero, pero el Ayuntamiento no apeló ni contempló esta contingencia en los presupuestos municipales, dejando que la decisión se volviera firme.
En lugar de buscar soluciones, se afirma desde el Grupo Municipal que el equipo de gobierno ha intensificado en los últimos meses inspecciones y cierres parciales en las instalaciones del Republic Space, lo que parece más una estrategia de hostigamiento que una gestión responsable.
“Estamos hablando de una negligencia que lastra las cuentas del Ayuntamiento y demuestra un absoluto desprecio por la gestión eficiente de los recursos públicos. Esta condena podría haberse evitado con una negociación responsable en 2015,” declaró Marian Graña, concejala de Más Madrid-Verdes Equo Boadilla.
Más Madrid exige respuestas claras a preguntas esenciales: ¿Por qué no se recurrió la sentencia de 2018? ¿Por qué no se previó en los presupuestos una partida para cubrir esta contingencia? ¿Qué coste total ha tenido este proceso judicial para los vecinos? Y pide que los vecinos conozcan cuántos millones de euros va a suponer el reequilibrio de la concesión.
Desde Más Madrid-Verdes Equo Boadilla afirman que esta gestión, que compromete el futuro económico de nuestro municipio, exige explicaciones y responsabilidades inmediatas. Y reafirman su compromiso con la transparencia y la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas.