Tal y como explica el diario El Español, la orden de ingresar en la carcel en un plazo de 10 días que ha quedado suspendida afectaba únicamente a los nueve procesados que pactaron con la Fiscalía Anticorrupción antes del juicio para reducir sus penas a cambio de confesar sus delitos.
La Fiscalía emitió un informe en el que solicitaba paralizar la ejecución de las penas hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación (apelación extraordinaria ante el Tribunal Supremo, por sentencias firmes de los juzgados inferiores) interpuestos por el resto de condenados contra la sentencia.
El Servicio Común de Ejecutorias Penales de la Audiencia ha asumido ahora estos argumentos y ha decidido dejar en suspenso la ejecución de las penas, dado que la resolución definitiva del Supremo puede modificar "las responsabilidades personales y patrimoniales" de los afectados.
Sin embargo, la Audiencia Nacional mantiene las medidas cautelares adoptadas (como el embargo de las cuentas bancarias y bienes inmuebles) para garantizar el pago de las multas e indemnizaciones impuestas.