El exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, tiene tres días para ingresar en prisión tras ser condenado por el caso Gürtel ante el alto riesgo de fuga apreciado por los jueces. Es el plazo que le ha dado la Audiencia Nacional para que empiece a cumplir la pena de 36 años y 11 meses que ha recibido por las actividades de la trama de corrupción en nuestro municipio.
Panero recibió la pena de prisión más elevada de todos los condenados por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos.
En su sentencia, el tribunal señalaba que no era un funcionario más, sino "la cabeza del consistorio durante dos legislaturas", destacando entre otros aspectos en la sentencia "la defraudación de la confianza depositada en el mismo y que utilizó para su propio enriquecimiento personal", además de "la peligrosidad de su conducta para la Administración Pública que lideraba".
Su defensa no convence
Durante la vistilla ayer en el juzgado para determinar si ingresaba en prisión o no, González Panero basó su defensa en el arraigo familiar (vive con sus padres, lleva habitualmente a sus dos hijas a la univerdidad...) y laboral que tiene en España. El exalcalde afirmó estar trabajando como asesor energético y contar con una cartera de 150 clientes. Además, alegaba ante los jueces haber mantenido conversaciones con prestamistas para poder reparar el daño, pero que las condiciones "no eran admisibles".
También ha discrepado de la sentencia por no haberle aplicado atenuantes de colaboración y reparación del daño, como a otros acusados, y ha negado que exista riesgo de fuga.
Al tribunal no le han convencido los argumentos, que se han visto como "netamente insuficientes para desterrar" ese riesgo, y subraya que González Panero no ha abonado "de ninguna forma el daño causado". A lo que se suma el entramado de propiedades en Miami y Marruecos del que podría hacer uso para su fuga, ya que no hay constancia de que dicho patrimonio haya sido bloqueado.
Los magistrados han subrayado que "su defensa niega cualquier posibilidad, por mínima que fuese, de reparación, lo que hace sino introducir nuevos elementos que permiten dudar seriamente de su sinceridad y su intención de hacer frente a sus responsabilidades".
Además, añaden que "no podemos olvidar en este sentido que detrajo durante la tramitación de la causa, a diferencia de lo que han hecho otros acusados, una elevada cantidad de dinero que tenía depositada en una cuenta en Suiza en el año 2012".